PERÚ
Imponen la tregua en Puno
A sólo unos días de la segunda vuelta electoral, el gobierno aprista consiguió imponer una tregua a las masas levantadas en Puno. Sin embargo, no fue el terror policiaco-militar lo que las hizo retroceder sino la política traidora de sus propios dirigentes.
Autoridades locales encabezadas por el presidente regional Mauricio Rodríguez viajaron a Lima con la misión encomendada por algunas bases, de traer para Puno a los representantes del gobierno. En lugar de eso, a sus espaldas, negociaron el fin del levantamiento a cambio de sólo suspender (durante un año) el proyecto Santa Ana y toda nueva concesión minera, únicamente en cuatro provincias. El gobierno también dejó claro que concesiones previas no pueden ser anuladas sin violar la “estabilidad jurídica” (burguesa).
La mayoría de las bases traicionadas desconocieron los acuerdos (casi linchan al alcalde de Desaguadero) y junto al sector más combativo dirigido por Walter Aduviri (que no participó de la negociación) decidieron continuar y radicalizar su lucha. Se fortalecieron los bloqueos y también fueron tomadas las instalaciones de la minera La Poderosa. El gobierno respondió abriendo procesos judiciales contra Aduviri, contra el secretario regional del SUTEP y demás dirigentes. Inclusive fue denunciado el decano del colegio de abogados por “apología” del levantamiento.
Keiko Fujimori se pronunció también exigiendo el fin de la protesta para el normal desenvolvimiento del proceso electoral. Ollanta Humala, que pretendía viajar a Puno a hacer campaña, declaró que "lamentablemente no están dadas todas las condiciones para asistir, vuelvo a exhortar a los dirigentes sociales de que depongan la paralización y permitan el libre tránsito". Exigió también al gobierno genocida de García que “tome una decisión” en Puno para garantizar las elecciones como manda la constitución fujimorista. Inclusive el humalismo fue más allá afirmando que detrás del levantamiento estaba el gobierno aprista con la intención de impedir las elecciones en un departamento ampliamente anti-fujimorista.
Ni su promesa de “resolver su problema rápidamente” de ser elegido presidente hizo retroceder a los explotados de Puno que estaban decididos a transitar el camino marcado por las masas de Islay con su triunfo contra el proyecto Tía María amenazando boicotear las elecciones. Para conseguir la tregua, el gobierno, Keiko y Ollanta necesitaron del servicio de Walter Aduviri, dirigente del sector campesino más radicalizado. Enfrentando la oposición de los dirigentes más combativos al final consiguió imponer a las bases una tregua de una semana, salvando de una nueva crisis al régimen fujimorista del TLC sobre el cual se montó la estafa electoral del 5 de junio.
Aduviri está respaldando la ley propuesta por el congresista de “centro” Yonhy Lescano que se retiró de la negociación en Lima por considerar que los acuerdos alcanzados no iban a calmar los ánimos de la población. La propuesta de ley únicamente invalida la ejecución del proyecto Santa Ana de la transnacional canadiense Bear Creek en la provincia de Chucuito en contra de la principal demanda de los campesinos pobres y obreros alzados en todo Puno: la expulsión de todas las transnacionales mineras y petroleras, responsables de la contaminación, saqueo y atraso que sufre la región.
Esta demanda obviamente no puede ser satisfecha en los marcos del régimen fujimorista del TLC. Supone atentar contra la sacrosanta propiedad privada del capital imperialista y por lo tanto ningún gobierno burgués está en condiciones de realizarla. Si la experiencia latinoamericana no basta, el nacionalista burgués Ollanta Humala se ha desgargantado dejando claro que no pretende en absoluto ni siquiera cambiar el “modelo” de explotación capitalista imperante. Incluso está abiertamente comprometido con nuevos proyectos imperialistas como el de Inambari, Majes Siguas II y otros.
Comité de Enlace NOR - LTI